APLICAR LA LEY PARA SUMAR MÁS DERECHOS
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) se ha renovado. Luego del último Plenario Nacional celebrado en octubre, este organismo nutrido por distintos referentes nacionales de la comunicación y organizaciones políticas, sociales y sindicales, avanza en organización con Foros Abiertos y Populares en todo el país. A más de 3 años de haberse sancionado la Ley 26.522, la batalla recién comienza.
Por Lautaro González / editor@revista2016.com.ar
Autoridades de organismos oficiales, no gubernamentales, movimientos políticos, sociales, agrupaciones sindicales, referentes de la comunicación popular y las mayorías que apoyaron la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009, aguardan el próximo 7 de diciembre como el puntapié inicial para la aplicación de la normativa votada por el pueblo argentino.
Ahora los reclamos por la plena vigencia de la ley se inscriben en un nuevo marco político, jurídico y social que contempla el rol de la comunicación en el quehacer nacional. Es este proceso el que establece una batalla cultural contra quienes en épocas pasadas se beneficiaron ampliamente con la vieja ley 22.285, sancionada por la última dictadura militar.
Recordemos que el Grupo Clarín, unos de los principales conglomerados mediáticos, tiene que amoldarse a la nueva normativa. Desde hace un año logró amparos judiciales al artículo 161, que obliga a la desinversión de aquellas empresas de medios para que adecúen sus licencias a lo fijado en el artículo 45.
Se lanza la nueva Coalición
En la primera quincena de octubre se reunió la Coalición por una Radiodifusión Democrática, uno de los principales actores que lucharon durante mucho tiempo para que se sancione la ley. En funcionamiento plenario con delegados de varias regionales del país se decidió cambiar el nombre por el de Coalición por una Comunicación Democrática a fines de ampliar la pelea por la comunicación en Argentina.
En dicho plenario, realizado en la Asociación de Actores, un centenar de representantes resolvió constituir dos comisiones de trabajo para articular con la AFSCA: una de gestión para la aplicación de la Ley y otra para la campaña de movilización hacia el 7 de diciembre.
Además el plenario resolvió que en el marco del estado de movilización, la Mesa Coordinadora se reúna semanalmente, instancia a la que podrán asistir todos aquellos que lo deseen, a fin de participar en jornadas de trabajo para cumplir con estos objetivos.
Es en este espacio que también se decidió impulsar los Foros Populares y Abiertos en todo el país con la idea de abrir la discusión acerca de la aplicación de la Ley y las implicancias del 7 de diciembre con el principal objetivo de dilucidar que ese día se librará una definición clave en cuanto a la adecuación, aunque también es necesario profundizar la gestión para lograr que más voces conformen el nuevo mapa comunicacional. Todo esto a fin de comenzar a discutir la sostenibilidad de dicha normativa.
Como resultado de esta iniciativa, la CCD impulsa un cronograma que incluye charlas y conferencias a lo largo y ancho del país. Entre ellas se destacan las provincias de Corrientes, San Juan, Chaco, Neuquén, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Misiones; en la provincia de Buenos Aires se realizarán charlas en las ciudades de La Plata, Luján, Azul y Mar del Plata, entre otras. En estas actividades destacamos la voluntad y participación de aquellas figuras públicas que desde hace mucho tiempo se comprometen con la pluralidad de voces, como Walter Formento (Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano-Ciepes), Jorge Déboli (Cadypba), Marcelo Valente (Copla), Diego Boris (Federación Argentina de Músicos Independientes), Diego De Charras (CELS) y Daniel Alvaredo (ACTORES), entre otros.
Por su parte, el presidente de Fecooptv y uno de los coordinadores de la CCD, Néstor Piccone, explicó que el objetivo de estos foros, que replican a los realizados para debatir el proyecto de la ley en todo el país, “apunta a esclarecer y movilizar a la comunidad en torno a la ley”.
La organización vence al tiempo
Si bien este nuevo marco político tuvo su síntesis en la sanción de la ley 26.522, el mismo extiende sus raíces hasta las primeras luchas contra la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que establecía el carácter estrictamente comercial a la explotación de licencias audiovisuales.
Durante casi 30 años las radios y los canales de tv comunitarios, cooperativos y pymes fueron perseguidos por un Estado al servicio de los grandes grupos económicos, que otorgó en ese período importantes concesiones para permitir la conformación de oligopolios, como el Grupo Clarín y el CEI-Citicorp Holdings, al tiempo que negaba a las asociaciones civiles la posibilidad de prestar servicios de radiodifusión locales.
Recordemos cómo la Comisión Nacional de Comunicación perseguía e incautaba equipos, mientras que el ex COMFER acomodaba los papeles para los grandes medios en detrimento de los chicos. Es indudable que con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia argentina en 2003 la CNC dejó de perseguir a las radios populares y se les permitió a las asociaciones civiles, cooperativas y mutuales acceder a las licencias. Así se consolidó un poder político democrático que abrió el camino a lo que vendría después: con Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, la nueva ley tomó impulso, se aprobó y trazó dos objetivos: la desarticulación de los oligopolios y la construcción de un sistema de medios plural y democrático.
Más allá del arduo trabajo (político, jurídico, legislativo) para desarticular la posición dominante del Grupo Clarín, la construcción de un sistema de medios plural y democrático como política de Estado es la conjunción de esfuerzos entre varios organismos y ministerios más la intervención de la sociedad civil. Y es aquí donde cabe el reconocimiento a la CCD, que puso en juego su capacidad de movilización y articulación político-social para que el pueblo acompañe en las calles.
Lo que se hizo y la palabra de Baltazar Garzón
En estos 3 años se han otorgado licencias a 50 universidades nacionales y construido 9 polos audiovisuales y tecnológicos. Además se otorgaron más de 350 licencias de radio y en la actualidad existen más de 650 en concurso. Más de 1000 licencias fueron otorgadas a los municipios, se construyeron 150 radios escolares, y 20 radios de los pueblos originarios. 50 cooperativas de servicios obtuvieron licencias como cableoperadoras.
Hoy se producen más de 2.800 horas diarias de contenidos audiovisuales fuera del área metropolitana y se filman 150 películas al año, lo que permite la creación de 6.000 puestos de trabajo.
Ya el exjuez español Baltazar Garzón se mostró sorprendido por la acumulación de poder de determinados grupos que manejan la información con intencionalidad política. Garzón, quien hace poco visitó la sede de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, se reunió con su titular Martín Sabbatella y proclamó que “esta ley argentina no cercena los derechos de libertad, información veraz y de expresión, sino todo lo contrario. Lo que más me sorprende es la acumulación de poder de determinados grupos que ocupan una cuota demasiado alta de información, convirtiéndose así en un instrumento político fuera de los cauces del control democrático. Así se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista, pero fuera del esquema de partidos. Lo que regula esta ley son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en el sector. Porque no deben existir situaciones de auténtico monopolio. Y no lo digo ahora, sino que es algo que he dicho desde hace muchos años”.
Para Garzón, el sector de los medios de comunicación “no debe regirse por esa acumulación de poder porque se convierte no ya en el controlador de la democracia, sino en el que ejerce realmente el poder. Esta ley se ocupa de un derecho fundamental: la información y la expresión. Es un derecho de doble vuelta, tanto para quien emite como para quien recibe. Es la obligación de un gobierno democráticamente elegido regular el sector de los medios de comunicación para garantizar la protección de los ciudadanos”.
La táctica y la estrategia: lo que viene
Walter Formento es claro a la hora de establecer y caracterizar a los actores en juego. El presidente del Centro de investigaciones en Política y Economía (CIEPE), señala que “Magnetto y el Grupo Clarín, junto a un conglomerado de compañías, representan mucho más que empresas. Son un factor de poder basado en un monopolio mediático. Se comportan como un partido político, y así organizados desde el 24 de marzo de 1976, prevalecieron sobre el sistema democrático. Ese es el poder que se va a desarticular desde el 7D. El Grupo Clarín seguirá siendo un grupo mediático grande, pero dentro de la ley”.
Es que los grupos monopólicos se organizaron a partir de la apropiación de Papel Prensa en 1977 en complicidad con la dictadura militar, y al manejar la entrega y el precio del papel extendieron su dominio a todos los diarios del país
Por eso uno de los principales desafíos más allá del 7 de diciembre será observar y analizar los vericuetos que los grupos monopólicos realizarán en función de mantener sus intereses. Así podemos indicar que esta fecha es parte de la lucha táctica, pero que la estrategia a fin de construir un sistema de medios plural y democrático conlleva objetivos a mediano y largo plazo, aunque el reloj diga lo contrario.
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