A 35 años de la Masacre de Capilla del Rosario
Por quiénes suenan las campanas
En agosto de 1974 el Ejército argentino fusiló a 16 combatientes del PRT-ERP en pleno monte de Catamarca. En un sentido homenaje, sobrevivientes, familiares y miembros de organizaciones sociales estuvieron presentes para denunciar la responsabilidad de las ejecuciones. Cómo sigue el caso.
Un clima árido y caluroso recibe a la delegación de Buenos Aires para los homenajes. Es un día de otoño a pleno sol donde el frío del cemento porteño quedó atrás. Al bajar del colectivo los abrazos se multiplican. Todo es emotivo, silencioso. La tierra inunda el aire y le da la bienvenida al resto de las delegaciones con un intenso calor. Pasaron 35 años y aunque muchos no están los recuerdos se hacen piel mezclándose con los presentes.
La cita es en el “Cañadón de los Walther”, como realmente se conoce al lugar ubicado en el oeste de la ruta provincial Nº 1 a casi 20 kilómetros de San Fernando del Valle, capital provincial. La Capilla del Rosario, de un rosa desteñido por el paso del tiempo, sirve de fondo para los oradores. “Es acá donde los compañeros trataron, a través de estas pequeñas sierras tan inhóspitas, tomar el arsenal Regimiento 17 de Infantería. No pudieron lograrlo porque fueron descubiertos en la ruta por la policía, -comienza Mirta de Clérici integrante de la Liga por los Derechos Humanos y familiar de detenidos y desaparecidos- algunos compañeros logran huir como pueden, después fueron detenidos y estuvieron 10 años presos. Fue en la mañana del 11 de agosto. Ya no tenían armas largas ni balas. Se rindieron pero fueron fusilados. Decimos masacre porque luego de los fusilamientos a los que estaban vivos los masacraron”. Las autopsias y testimonios dan cuenta que 16 guerrilleros, miembros de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, padecieron los llamados tiro de gracia.
Además las crónicas de la época indican que el operativo fue ordenado por el segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, general Antonio Vaquero. Lo acompañó Alberto Villar, jefe de la policía federal, que más tarde sería ejecutado por Montoneros.
Los hechos
El grupo había partido del campamento base “La Horqueta”, en plena selva tucumana. Fueron 47 jóvenes que no superaban los 30 años. Estaban bajo el mando del santiagueño Hugo Alfredo Irurzún, cuyo nombre de guerra era “Capitán Santiago”, quien luego de sobrevivir al hecho se convertiría en un ícono de la guerrilla en América Latina. La operación se llevaría a cabo en forma simultánea con otra similar en la fábrica de pólvora de Villa María, Córdoba. A diferencia de la intentona catamarqueña, la cordobesa tuvo relativo éxito y no terminó en desastre.
En Catamarca la misión consistía en ingresar sorpresivamente a la base militar y robar las armas que se encontraban allí dentro. En el lugar escogido para hacer base, los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas pero fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta, y minutos más tarde los delatarían ante la policía.
Policías de la Dirección de Investigaciones y la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba. Ahí se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó a dos guerrilleros muertos y varios policías heridos. El plan comenzaba a transitar el camino del fracaso.
El repliegue fue inmediato y desordenado; tres grupos correrían distinta suerte. Irurzún y varios guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1 con algunos autos robados por el camino. Llegaron hasta la base “La Horqueta”, en la selva del sur tucumano.
Otros se dispersaron y trataron de salir de la provincia. La mayoría fueron aprehendidos en la terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después fueron sometidos a juicio durante la dictadura militar. Ni siquiera vieron la cara del juez que los condenó, sólo supieron que habían sido condenados.
La tercera fracción del grupo, entre 16 y 18 guerrilleros, quedó al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández. El reducido grupo terminó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. Dos de sus miembros bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos. Mediante torturas, los guerrilleros fueron obligados a informar el lugar donde se encontraban sus compañeros.
Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, cayó muerto de un balazo. Esta muerte fue la excusa perfecta para tomar represalias desmedidas. Si bien los diarios de la época informaron sobre la refriega armada, 16 guerrilleros fueron abatidos por el Ejército. Las promesas de respetarles la vida se esfumaron con cada disparo mortal.
En ese momento no se indagó cómo ocurrieron los hechos y los vencedores fueron tratados como héroes de la Nación. Incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Isabelita tan sólo a un mes de la muerte de Perón.
A partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de la masacre. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido masacrados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones de los guerrilleros; todas fueron realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores. Un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos para protegerse de una ejecución.
Contra la impunidad
En rigor, los fusilamientos y torturas a los detenidos forma parte de una denuncia presentada a la Justicia Federal en agosto de 1974 por familiares y abogados como Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet.
Marca, Rípodas, Marcolli y Díaz Martínez, detenidos, permanecieron en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet no corrieron la misma suerte: fueron asesinados por la Triple A de López Rega.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea en representación de los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (HIJOS) y Guillermo Díaz Martínez (Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados catamarqueño), comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la llamada "Masacre de Capilla del Rosario". Este precedente jurídico sirvió para comenzar a identificar los cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en el cementerio municipal.
En marzo el 2005 comenzaron las tareas de investigación a cargo del fiscal federal Santos Reynoso, quien tomó todos los recaudos para dilucidar quienes fueron los asesinos.
Para los querellantes queda claro que se trata de delitos de lesa humanidad, en los cuales se violó la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros. "Estaban desarmados y no tuvieron un juicio justo como se merecían, si es que se comprobaba que habían atentado contra el Estado. Cuando pactan la rendición ante las fuerzas, se entregan y son inmediatamente fusilados. Hasta hoy responden como procesados por esta causa el ex capitán Carrizo Salvadores y el ex teniente Mario Nakagama”, remarcó a 2010 el abogado querellante Guillermo Díaz Martínez, quien aprovechó la oportunidad para destacar que la causa ya tiene suficientes pruebas como para que se eleve a juicio, y además, la enorme tarea de reconstruir la cadena de mandos a los fines de imputar las responsabilidades pertinentes ya que muchos de los imputados están muertos.
"Nosotros, por el contrario, estamos tratando de poner nuestra mejor buena voluntad, incluso, tragándonos algunas cosas con sabor amargo, como que Carrizo Salvadores y Nakagama, a quienes se les dictó el proceso, sigan en libertad", graficó Clérici, quien además destacó "creemos que, aunque se encuentren en libertad, es bueno que estén procesados, pero tenemos necesidad de que se llegue a juicio y por ahora sólo se está instruyendo la causa".
La llamada “Masacre de la Capilla del Rosario” marcó un antes y un después en el terrorismo de Estado que dejó entre otras heridas un saldo de 30 mil desparecidos en el país durante la última dictadura militar.
Se produjo solamente algunos años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia de Catamarca a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la temible Triple A comandada por “El Brujo” José López Rega.
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Publicado en Revista 2010- octubre 2009
